• YouTube - Gris Círculo
marcha_edited.jpg
El Acta 387 y la consolidación del modelo neoliberal en Chile
decanafahu_0.jpeg

Dra. Cristina Moyano Barahona

Historiadora

Decana de la Facultad de Humanidades, Universidad de Santiago de Chile

El 11 de septiembre de 1973 marcó el fin de una época, de una forma de Estado, de un modelo de desarrollo económico social -que ya mostraba serios síntomas de agotamiento- y de los proyectos transformadores que estaban orientados por mayor justicia social, profundización democrática y fin de las desigualdades. El Golpe de Estado marcó con represión y muerte, con persecución y exilio, a todos aquellos que añoraban una sociedad distinta. Cambió las formas de sociabilidad, instaló el miedo y a través de una serie de medidas, logró articular un complejo modelo, que hoy está viviendo un duro revés por parte de la sociedad civil que lo ha interpelado desde sus bases jurídicas institucionales. La Constitución de 1980 fue el corolario de un proceso que se había iniciado a lo menos unos 4 años antes, cuando comenzaba a delinearse lo que se conoció como las “siete modernizaciones” de 1979 y que fue anunciado en 1977 en el Discurso de Chacarillas.

 

Con ocasión de la celebración del día Nacional de la Juventud el 9 de julio, Pinochet se reunió con un selecto grupo de jóvenes adherentes, muchos de los cuales formarían -unos años más tarde- parte selecta de la Unión Demócrata Independiente y comunicó en dicho acto el itinerario de transformaciones que disponía autoritariamente para Chile. Con este discurso se echaba por tierra la idea que algunos pensaban de una dictadura que en un corto plazo entregara el gobierno a civiles, sino que por el contrario, se definían con claridad tres etapas de la nueva institucionalidad chilena, pues dicho en palabras del Dictador, esto no se trataba “de una tarea de mera restauración, sino de una obra eminentemente creadora, sin perjuicio de que dicha creación para ser fecunda debe enraizarse en los signos profundos de nuestra auténtica y mejor tradición chilena”.

"Lo que hoy se ha puesto en disputa son precisamente esas formas elitarias, tecnocráticas, autoritarias y excluyentes de la democracia que se diseñó hace más de 44 años". 

En dicho discurso Pinochet enunció los rasgos de la democracia que se construiría en Chile. En primer lugar indicó que esta debía ser: I) autoritaria, “en cuanto debe disponer un orden jurídico que asegure los derechos de las personas, con una adecuada protección de los Tribunales de Justicia independientes y dotados de imperio para hacer cumplir sus resoluciones”2; en segundo lugar, ii) “Protegida, en cuanto debe afianzar como doctrina fundamental del Estado de Chile el contenido básico de nuestra Declaración de Principios, reemplazando el Estado liberal clásico, ingenuo e inerme, por uno que esté comprometido con la libertad y la dignidad del hombre y con los valores esenciales y la nacionalidad” y, en tercer lugar, iii) Tecnificada, en cuanto al vertiginoso progreso científico y tecnológico del mundo contemporáneo no puede ser ignorado por las estructuras jurídicas, resultando en cambio indispensable que se incorpore la voz de los que saben al estudio de las decisiones. Sólo ello permitirá colocar la discusión en el grado y nivel adecuados, reducir el margen del debate ideológico a sus justas proporciones, aprovechar el aporte de los más capaces, y dar estabilidad al sistema.” Todos conceptos que fijaron los límites de la democracia por venir y que tiñó nuestra experiencia de recuperación democrática. Lo que hoy se ha puesto en disputa son precisamente esas formas elitarias, tecnocráticas, autoritarias y excluyentes de la democracia que se diseñó hace más de 44 años.

 

Para el Presidente de la Junta, el proceso de construcción democrática del que estaba participando, debía ser gradual y por etapas. La primera de ellas de recuperación, en la que el poder político debía ser ejercido íntegramente por las Fuerzas Armadas y de orden, debía concluir con la Promulgación de una nueva Constitución, que se proyectaba para 1980. Una vez aprobada la misma, se seguiría a una etapa de “transición”, donde el poder seguiría estando en manos de militares, con consulta al consejo de Estado, como parte del poder Ejecutivo y la Junta militar, obrando como órgano legislativo, además de una hipotética cámara consultiva que entraría en vigencia con miembros designados a partir de 1980, para que en una fecha de 5 o 6 años pudiera recuperarse el sufragio popular y pasar una etapa de consolidación democrática, cuyo itinerario más definitivo debería quedar fijado en la nueva carta fundamental.

 

Hacia 1977, cuando Pinochet delinea este itinerario, se había cerrado la fase de mayor amplitud de represión y violaciones masivas a los derechos humanos. Se había acabado la etapa de la DINA dirigida por el General Manuel Contreras, la mayoría de las cúpulas partidarias de izquierda habían sido aniquiladas o los sobrevivientes se encontraban en el exilio y, por tanto, controlado el “enemigo interno”, se podía comenzar a pensar el futuro.

"En poco menos de 3 horas, este documento aprobó 8 proyectos de ley que modificaron ámbitos sustantivos de la vida social, económica y política de nuestro país. Sin mayores interacciones y disensos..."

Dos años después de enunciado ese discurso refundacional, la Dictadura cívico militar inició una serie de reformas estructurales que instalaron un nuevo modelo, cuya consolidación hubiera sido imposible en un contexto democrático y que complementaban aquellas enunciadas en 1975 dentro del “Programa de recuperación económica nacional”, destinadas a bajar el endeudamiento fiscal, la inflación y liberalizar el mercado. Estas reformas, conocidas como de “segunda generación”, consistieron en la transformación del conjunto de los servicios sociales (educación, salud, previsión social), mayoritariamente privatizado o bien subsidiados por el Estado; reforma al sistema judicial y aparato burocrático administrativo en la denominada “regionalización” y el proceso de desregulación del trabajo y la modificación a sus formas organizativas y la relación capital-trabajo-Estado, más conocido como “Plan Laboral”.

 

Estas reformas, que posteriormente se consolidan en la idea de un estado subsidiario, en la expansión del mercado a todos aquellos ámbitos de la vida social, la liberalización mercantil, la reducción de la acción del Estado y la atomización de la sociedad civil, están a la base del proceso de instalación del “modelo neoliberal, extractivista y patriarcal” que hoy se ha puesto en discusión. Con los Chicago Boys a la cabeza, más los tecnócratas de ODEPLAN y una sociedad civil sumida en el miedo y la represión, este proyecto comenzó a tomar forma y un rumbo que cambiaría nuestra historia por casi medio siglo. Mirado así, este gobierno dictatorial encabezó una revolución neoliberal exitosa, la más exitosa de todos los proyectos globales nacidos desde la década del 50 en adelante.

 

¿Cómo se fueron implementando estos cambios? Una huella sustantiva de las formas y usos en que se tomaban las decisiones durante la dictadura militar, la encontramos en el acta 387, documento de carácter secreto compuesto por 54 páginas y que registra una sesión legislativa de la “H. Junta de Gobierno, presidida por S. E. el Presidente de la República y Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Augusto Pinochet Ugarte, e integrada por el Director General de Carabineros, General Director César Mendoza Durán, por el señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General del Aire Fernando Matthei Aubelm y por el señor Vicealmirante Raúl López Silva, Subrogante del Semora Comandante en Jefe de la Armada y Miembro de la H. Junta de Gobierno, Almirante José Toribio Merino Castro”, realizada el 28 de enero de 1980.

 

La sesión secreta legislativa registrada en esta acta tiene importancia en varios sentidos. En primer lugar, describe con nitidez la interacción entre miembros civiles, en calidad de asesores y expertos y militares de la Junta, que obraba como poder legislativo. En otras palabras, cobra fuerza la evidencia de que fue una dictadura cívico militar.

"El acta 387 pone la lápida al sistema de financiamiento universitario previo al Golpe de Estado y construye los cimientos del sistema que actualmente conocemos". 

En poco menos de 3 horas, este documento aprobó 8 proyectos de ley que modificaron ámbitos sustantivos de la vida social, económica y política de nuestro país. Sin mayores interacciones y disensos, la Junta Militar despachó en tiempo récord un proyecto que modificaba el artículo 55 del Decreto Ley Nº 670 de 1974, relativo a inversiones de instituciones de previsión social, en las que se determinó el proceso que deberían cumplir las AFP para invertir y las limitaciones respecto de estas acciones, para el sistema de previsión particular que mantuvieron los uniformados. Sin duda, esta modificación fue fundamental para los destinos del país y para el sistema previsional en su conjunto, contando como principal asesor al Ministro de Trabajo y Previsión Social, José Piñera Echeñique. La posibilidad de invertir los fondos previsionales de los trabajadores se hizo bajo la promesa de que los ahorros podían crecer de forma exponencial y, que cada uno, a modo de capitalización individual, disfrutaría de mejores pensiones para la vejez. Ya conocemos el final de esta historia, pero siempre es bueno remontarse a los inicios de un proceso y la forma en que se tomó la decisión.

 

Otro proyecto en el que quiero detenerme, porque remite a lo sustantivo de este libro, es el numeral 5 que refiere al Decreto Ley que dicta normas sobre financiamiento universitario y en el que participaron activamente el Ministro de Educación Pública Alfredo Prieto y José Luis Federici Rojas, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción. El acta 387 pone la lápida al sistema de financiamiento universitario previo al Golpe de Estado y construye los cimientos del sistema que actualmente conocemos.

 

En el proyecto se indicaba que las universidades, sin distinción entre públicas y privadas, contarían con un aporte estatal directo, ajustado por ley de presupuesto según el IPC y un aporte que vendría del arancel que debían pagar todos los estudiantes. Dada la autonomía reconocida a las casas de estudio, se indicaba que cada una podía fijar sus aranceles.

 

La autonomía entendida como libertad de arancel, implicaba también que el Estado dejaba de hacer distinciones sobre una educación estatal y una educación privada, optando por repartir recursos directos a toda institución, sin asumir una condición más responsable con sus propias universidades.

"El control social ejercido por medio de aranceles y crédito estatal, podría terminar siendo más despolitizador que cualquier otra medida de control". 

El cobro de escolaridad, para todos los estudiantes, podía financiarse con un crédito que entregaría el estado y que podría pagarse hasta el 15 años después de 2 años de egreso, con un interés fijo de 6%. La tasa de interés fue objeto de discusión entre los presentes, indicando que, de no aplicarse, se sentaría un precedente para que otros aportes sociales, como los entregados en salud y vivienda, pudieran hacer exigible la misma condición de no cobro. El Ministro Director de Odeplan, Miguel Kast, fue enfático en resaltar que ni la salud, ni la vivienda, ni la educación eran actividades gratuitas, ni podían ser entendidas como derechos, sino que debían tener un componente relevante del acreedor del beneficio, porque de esa forma se valora más el esfuerzo personal y realiza una “verdadera justicia social”. Sin embargo, también había en la argumentación de Kast una observación sobre el control social que esta medida podía generar al interior de las casas de estudios, “en cuanto a materializar una mejor asignación del gasto en Educación, hay un motivo muy importante de estabilidad y tranquilización (sic) al largo plazo en las universidades en el sentido de que el activismo siempre ha sido muy barato en Chile y realmente ha significado un costo muy bajo, tanto para el que hace el activismo como para quien se deja influir por él. En ese sentido, en vez de tener que recurrir a lo mejor en el mediano o largo plazo a medidas directas de control, es realmente de vital importancia tener este tipo de mecanismos que en la raíz van asfixiando el activismo, y aprovechar esta época de verano para tomar la decisión y evitar así todas las discusiones que suelen producirse durante el año”.

 

El viejo discurso corporativista que supone que los estudiantes sólo deben ir a la universidad a estudiar queda desnudo en esta acta secreta. El control social ejercido por medio de aranceles y crédito estatal podría terminar siendo más despolitizador que cualquier otra medida de control. Cuánta razón tenía el señor Kast, para quien no había dudas de que el cobro de un arancel y los años de endeudamiento generarían presión social, familiar y financiera para una “titulación oportuna” (como se dice en la jerga de hoy), terminando así con esos estudiantes “eternos” que sólo se dedicaban a la “politiquería” o el “activismo”.

 

La educación superior con subsidio del Estado y aporte de los propios estudiantes se fraguó en enero de 1980, más no entró en vigencia hasta el año 81, dado que la misma Junta estimó que había varios reglamentos y consideraciones presupuestarias que debían ajustarse antes de poner en marcha a esta nueva universidad.

 

En esas mismas líneas también se indicaba que debía quedar abierto si el presupuesto entregado a cada universidad sería global y fijo (aunque reajustable según IPC) o podía haber recortes si las casas de estudios reducían carreras o cerraban sedes, por lo que la condición de precariedad quedaba prefigurada en este proyecto de ley. Con todo, se tomó la decisión de mantener el monto global hasta no tener un mejor sistema de reparto, sin considerar en la ley ni el aporte social que hacían las casas de estudio, ni la importancia de la investigación, ni la formación integral de los estudiantes.

"¿Cómo será la Universidad que nos depara el nuevo Chile? ¿Qué rol cumplirá el Estado? ¿Se abandonará la subsidiariedad? ¿Seguiremos endeudándonos para estudiar?". 

Esa universidad mercantilizada, que se comenzó a deteriorar con el golpe de Estado y el cierre unilateral de carreras, toma cuerpo en este documento y se transcribe con sangre en los estatutos orgánicos de las universidades estatales, algunos de los cuales recién hoy se están modificando al alero de una nueva ley de universidades del Estado (2018).

 

El endeudamiento como política de control social y político buscaba terminar con el activismo de las universidades en los años 60 y 70, transformándolas en máquinas productoras de profesionales, técnicos y expertos, a quienes debía “costarle esfuerzo y dinero” su formación.

 

El acta secreta 387 representa un documento sustancial de nuestra historia de Chile, huella de la instalación de un modelo económico, social, cultural y político, que recién hoy ha sido erosionado con fuerza por las distintas movilizaciones sociales que nos han permitido llegar a un momento constituyente y refundacional. ¿Cómo será la Universidad que nos depara el nuevo Chile? ¿Qué rol cumplirá el Estado? ¿Se abandonará la subsidiariedad? ¿Seguiremos endeudándonos para estudiar? Son preguntas que están en la expectativa de un futuro, nacido de esta experiencia de más de 40 años de un Estado ausente, cada vez más pequeño y donde no existen derechos sociales fundamentales garantizados.

 

Es cierto que entre 1983 y 1988 los jóvenes universitarios se reagruparon, se organizaron, lograron sacar rectores designados y fueron claves en abrir espacios de repolitización, más no lograron erosionar el fondo del sistema, que quedó allí intacto y retocado, más adelante con la absurda y perniciosa política de la gratuidad, que sigue viendo al estudiante como un consumidor y no como un agente de transformación social, ser integral, que no transa en el mercado un voucher, sino que busca y espera la garantía de recibir educación pública, laica y de calidad.